D. Francesc Cholvi Roig
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. Máster en Práctica Jurídica Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues, Máster Oficial de la Universidad Antonio de Nebrija (2014-2015), Abogado en el Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues-Madrid.
Autor de diversos trabajos científicos, entre ellos, los publicados en el Tratado de Morosidad, Ed. Aranzadi Civitas, 2012 (capítulos 2, 7 y 10). Ha colaborado con el Proyecto de Investigación “Políticas de Propiedad Intelectual y desarrollo económico en el Perú” (SN07.A132), financiado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Valencia septiembre 2013-abril 2014).
“Premio Jóvenes Juristas” del Centro de Estudios Garrigues, en su edición número VII. Modalidad: estudiantes de último año de carrera (mayo de 2014). Primer premio del concurso “Cambio climático”, del Consejo Valenciano de Cultura (Generalitat Valenciana), con la consiguiente cesión de la medalla de honor de dicha institución (Junio de 2008).
Artículos propios
El pasado 29 de agosto, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, aprobó el Anteproyecto de Ley de Fundaciones que vendrá llamado a sustituir el vigente régimen de Fundaciones, regulado en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. Ya desde su anuncio, la reforma se anticipaba escasamente aceptada por la opinión pública, especialmente por las Fundaciones –a través de la Asociación Española de Fundaciones– y los Protectorados, que entienden acertadas algunas de sus medidas, en orden a la actualización de las Fundaciones, pero rechazan las principales modificaciones estructurales que pretende instrumentar el Gobierno a través de este Anteproyecto En este análisis, se pretende ofrecer una visión práctica de cuáles han sido las modificaciones fundamentales y las novedades que introduce el Anteproyecto de Ley de Fundaciones en comparación con la Ley del 2002, así como una breve valoración sobre la conveniencia o inconveniencia jurídica de su implementación.
